¿Cuán legalmente vinculante es una carta de intención?

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¿Cuán legalmente vinculante es una carta de intención?

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Anonim
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Un signatario puede estar obligado a una carta de intención dependiendo de cómo se redacte la carta. En una transacción de negocio a negocio, una carta de intención normalmente contiene una disposición que establece que la carta no es vinculante. Incluso si dicho lenguaje no está incluido, es posible que un tribunal dictamine que la carta es solo una expresión de intención. Por otro lado, las partes de una carta de intención no deben basarse en suposiciones; se recomienda un lenguaje fuerte no vinculante.

Interpretaciones de las Cartas de Intención

Un tribunal se basa en dos factores para determinar si una carta de intención es vinculante: expresiones de intención escritas presentes en la carta y acciones demostrativas tomadas por ambas partes después del carta de intención está firmada. Si se trata como un contrato, podría ser considerado vinculante.

También es importante entender la relación entre las dos partes. Si dos partes redactan y firman una carta de intenciones ambigua pero tienen un historial de acuerdos no vinculantes, es probable que el tribunal decida que la carta más reciente es también no vinculante.

La etiqueta y el protocolo comercial pueden ser un factor determinante. Por ejemplo, la mayoría de las fusiones y adquisiciones comienzan en serio con una hoja de términos, que funciona como una carta de intención. La hoja de términos indica las intenciones, el precio de compra y los términos de pago. Sin embargo, las hojas de términos son casi siempre no vinculantes. Los tribunales toman este precedente en consideración.

Recurso de infracción de la Carta de intención no vinculante

Supongamos que una carta de intención no es vinculante, pero una empresa incurre en costos o dedica recursos solo para que no se llegue a un acuerdo. En muchos casos, no hay recurso para las pérdidas incurridas. Sin embargo, es posible que se descubra que la parte que incumplió no negoció de buena fe. Estas leyes son ambiguas y probablemente dependan de la jurisdicción y el tipo de carta de intención. En 2012, el Tribunal Supremo de Delaware aprobó la recuperación de daños por "beneficio del trato" entre dos compañías en un acuerdo de fusiones y adquisiciones en SIGA Technologies, Inc v. PharmAthene, Inc.